Frenazo
Hace 21 años, en 1987, una cuarta parte de las mujeres mexicanas unidas (esposas o concubinas) en edad fértil no empleaba ningún método anticonceptivo, a pesar de su deseo expreso de limitar su descendencia o espaciar el nacimiento de los hijos. Una década después, en 1997, esa cuarta parte se había reducido a la mitad: ya sólo una octava parte de ese grupo de mujeres que no deseaban hijos o querían espaciarlos, no se valía de la anticoncepción como método para no procrear.
A este fenómeno social los demógrafos lo llaman demanda insatisfecha de anticonceptivos. Y el grupo de mujeres que quieren usarlos y no logran adquirirlos está formado fundamentalmente por indígenas que no hablan español y por mujeres con escasa o nula escolaridad.
Visto el asunto en porcentajes, no parece mucho ese 12 por ciento. Pero se trata, en números absolutos, de alrededor de dos millones de mujeres entre las de habla indígena y las semianalfabetas o analfabetas. Y casi sobra decir que ese universo poblacional está compuesto por mujeres muy pobres.
Pero no sólo la pobreza y la falta de escolaridad son la causa de esa demanda insatisfecha. También contribuye a ella el aislamiento geográfico o, dicho más precisamente, el fenómeno de la ruralidad.
Esta situación, que prevalecía hasta hace once años, debió haberse modificado en sentido positivo en la última década. Pero durante el gobierno de Fox y en los 18 meses del actual, ha crecido o no se ha reducido la demanda insatisfecha de anticonceptivos.
Se trata de una clara coincidencia entre la gestión de dos gobiernos conservadores en lo ideológico y un frenazo de la anticoncepción voluntaria y demandada de grupos de mujeres de evidente vulnerabilidad social y económica.
Habría que preguntarse si este lamentable frenazo es producto de una pura coincidencia o si se trata de una política deliberada contra el derecho constitucional de las mexicanas a la anticoncepción.
